En el segundo día de la huelga indefinida iniciada en Perú, organizaciones sociales continuaron con las movilizaciones para pedir la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.

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Desde horas de la mañana se reportaron bloqueos y concentraciones en algunas regiones del país, entre ellas están Ica, Cusco y Arequipa.

En Tacna sectores de la población marcharon hasta el centro cívico de la ciudad, sumándose a las demandas y exigiendo justicia para las personas que fallecieron y resultaron heridas durante la represión de las protestas por parte de las fuerzas militares y policiales.

Durante la movilización pacífica, los manifestantes afirmaron que continuarán en las calles para solicitar una Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones generales.

Además, las comunidades campesinas de la provincia de Calca y Yanatile en Cusco también se movilizaron para demandar la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso. 

A la protesta en esa región se unieron miembros del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil.

Asimismo, en Ayacucho pidieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y justicia para las víctimas de la fuerte represión registrada el pasado 15 de diciembre en ese departamento.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó un comunicado en la víspera para rechazar el proyecto de ley presentado en el congreso que busca recortar el mandato de las principales autoridades electorales de ese país.

«El proyecto de ley destinado a personas específicas (contra el art. 103 de la Constitución) sin ninguna argumentación valedera, pretende vulnerar la autonomía de los organismos constitucionales JNE y ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), soslayando el proceso de designación de sus titulares previsto en nuestra Carta Magna, por el lapso de 4 años», refiere el texto.

El ente reiteró que el presidente del JNE es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el jefe de la ONPE es designado por la Junta Nacional de Justicia «después de un concurso público, como lo establece nuestra norma constitucional».

El JNE aseveró que la iniciativa presentada ante el Congreso injiere en las decisiones autónomas de la máxima instancia tanto del Poder Judicial como de la Junta Nacional de Justicia.

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